La adjudicación para explotar el almacén de gas de Castor fue regulada por el Real Decreto 855/2008, firmado por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián. En la norma se establecen dos tipos de indemnizaciones para la empresa en caso de que el proyecto se paralice. Si el fin de la explotación se produce tras haberse causado daños a terceros o al interés general, el Estado pasará a ser el propietario de la instalación y tendrá que pagar al operador el equivalente al valor neto contable del proyecto.
Comentarios
Claramente son una casta que nos toma el pelo.
Élites extractivas.
#1 Tranquilo, da igual que roben. Yo por mi Real Madrid...¡Mato!
Traducción: "Si la empresa la lía, el estado paga TODO lo que la empresa pensaba que iba a ganar aunque no haya gastado tanto dinero".
¿Qué podía salir mal?
Me dedico profesionalmente a realizar PAU'S (Planes de Autoprotección para temas de seguridad), pero ésto es la perfección.
¡Cómo se protegen entre ellos !
Quiero ver a Miguel Sebastian en los tribunales.
Quiero que explique con pelos y señales porque hizo un contrato que, de dar beneficios se los hubiera quedado una empresa privada, al dar perdidas se nacionaliza, y encima contempla indemnizaciones en caso de negligencia de la empresa.
De verdad pido tanto?