La Audiencia Nacional ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado español por los daños y perjuicios derivados del atentado en la embajada de España en Kabul, ocurrido el 11 de diciembre de 2015. En su sentencia, el Tribunal de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado indemnizar a las viudas e hijos de los dos policías nacionales asesinados, así como a otros cuatro agentes víctimas de la acción terrorista.