Después de que hace unos meses se destapara la existencia de una trama de empresas para desviar fondos valencianos de cooperación a otras finalidades, la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía finalmente ha conseguido resolver el problema. La semana pasada, diversas empleadas sobre las que recaían las sospechas por parte de la cúpula de la conselleria de haber sacado las irregularidades a la luz público dejaron sus puestos de trabajo en la conselleria que comanda Rafael Blasco. Mientras tanto de investigar el origen de la trama, nada.
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Después de que hace unos meses se destapara la existencia de una trama de empresas para desviar fondos valencianos de cooperación a otras finalidades, la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía finalmente ha conseguido resolver el problema. La semana pasada, diversas empleadas sobre las que recaían las sospechas por parte de la cúpula de la conselleria de haber sacado las irregularidades a la luz público dejaron sus puestos de trabajo en la conselleria que comanda Rafael Blasco. Mientras tanto de investigar el origen de la trama, nada.
Hace ya semanas que en los despachos del edificio de la plaza San Nicolás se temía un movimiento como este. No en vano, el primer paso que el conseller Rafael Blasco, y el Director General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Josep Maria Felip, dieron una vez que saltó a la luz la existencia de una posible trama para desviar fondos públicos valencianos destinados a la cooperación internacional hacia otras finalidades (como la compra de inmuebles en Valencia), no fue tratar de determinar como esta se había creado y a que intereses servía, sino realizar una reunión con los empleados de esta área de la conselleria para que firmaran a ciegas un documento en el cual declaraban su apoyo a la labor realizada por el conseller.
“Fue una especie de prueba, una manera de ver quien estaba con ellos y quien no”, narró hace unas semanas a l’Informatiu uno de los empleados que asistió, entre “atónito” y “espantado”, a aquella reunión. “Algunos firmaron, pero no todos, y los que no lo hicieron sabían desde entonces que alguna cosa les iba a pasar”. Primeramente se les privó del acceso –como al resto de ciudadanos, porque antes de destaparse la trama estaban al alcance de todos los valencianos- a las bases de datos de la conselleria en las que se documentan las inversiones y proyectos, necesarios para trabajar y que gradualmente recuperarían el resto de compañeros, y después se les apartó de sus lugares. Lo siguiente, según sospechaban, era el traslado o la salida, que si no pasaba nada llegaría a finales de año (motivo por el cual —“por si acaso se soluciona” — las fuentes del diario nos pidieron que esperáramos para contarlo).
Casualmente, ahora hace una semana, al menos tres empleadas en función de asistentes técnicas del área de cooperación dejaban sus lugares de trabajo en un movimiento que diversas fuentes del sector consideran “difícilmente justificable” desde el punto de vista estrictamente laboral. La información, que llega a este diario por diversas vías, relaciona la salida de estas empleadas con el hecho de que sobre ellas recayera la sospecha por parte de la cúpula de la Conselleria de haber participado en la filtración de las irregularidades que se producían en ella. No obstante, consultada por el motivo de su salida, una de las afectadas aseguraba ayer a l’Informatiu que su salida se ha producido “de manera voluntaria”, aunque no podía ofrecer en ese momento “más detalles”. La interpelada elevaba además el número de las trabajadoras afectadas a cuatro.
“Por sus cualidades técnicas, eran de lo mejor que había en conselleria”, describen fuentes del sector de unas empleadas que hacía entre dos y cinco años que trabajaban en esta área, aunque su relación laboral nunca fuera directa, sino a través de empresas interpuestas, como la mixta Fundar. A pesar de todo, su servicio continuado ejerciendo la misma función, y que esta se haya hecho siempre en dependencias de la conselleria, serian argumentos suficientes para determinar que esa relación ha existido y generar problemas legales en su salida, lo cual podría justificar una negociación entre las partes y que las afectadas pudieran haber salido de una manera amistosa
Sea de una manera o de otra, con su salida se cerraría un movimiento de depuración en la Conselleria comenzado con la salida a la luz de las irregularidades en su entorno. Un movimiento llamativo por como deja en evidencia – por comparación - el desinterés de Rafael Blasco y los suyos por determinar cómo se creó una trama destinada presuntamente para desviar fondos públicos valencianos para la cooperación, a la que casualmente el consell comenzó a otorgar buena parte de sus subvenciones justo después de la llegada a la conselleria del propio Blasco.
Políticos no, mafiosos son los que nos gobiernan.
Y a los de la maldita comunidad de Camps como si...