Una vez más el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de la protección de datos. Los jueces limitaron el miércoles la aplicación de una controvertida ley sobre el almacenamiento de los datos telefónicos, en vigor desde el pasado día 1 de enero. Los magistrados exigen que el Estado utilice esos datos exclusivamente en actuaciones judiciales, y sobre delitos graves. De este modo, el tribunal atiende las peticiones de unas 30.000 personas que habían presentado un recurso para derogar esa ley, porque estiman que vulnera la libertad.