Se puede decir más alto, pero no más claro. El TC ha avalado que sean las CCAA, y no la Administración Central, quienes paguen las sanciones que pueda imponer la Unión Europea a España por incumplimiento de los objetivos de déficit derivados de su propia actuación. La sentencia del Alto Tribunal supone el golpe de gracia a la capacidad de las comunidades autónomas para esquivar sin sanciones los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por la Administración Central, que podrá repercutir en ellas las sanciones de la UE.
Comentarios
No sé por qué me figuro que el pago de las sanciones vendrá de los contribuyentes, y no por los responsables políticos. Así que pagaremos dos veces por lo mismo y los derrochadores se irán de rositas como siempre. Perdonar la pregunta pero quiero superar mi ignorancia ¿Hay establecido algún mecanismo para que esto no pase y paguen los responsables?
A ver si lo he entendido. Las CCAA estan en manos del PP. Pero el PP central sabe que su propio partido es mierda.
Salvo la del Pais Vasco que ahora que la izquierda abertzale ha conseguido volver a presentarse, presumiblemente su gobierno volvera a manos independentistas. Lo cual hara que puedan controlar una de las pocas regiones que no estan hecha unos zorros, correcto?
#1 Es una medida que servirá para cuando no gobiernen las CCAA.
Me parece bien que no nos endeudemos más en las administraciones, pero si el derroche continua lo único que habrán hecho habrá sido recortar siempre por el mismo sitio: servicios al ciudadano.
Esta crisis no es sólo de bancos ha sido principalmente de políticos ladrones en todas las administraciones: se han fundido el dinero público y para seguir su tren de vida se han dedicado a pedir dinero prestado a 40 años a los bancos.
Hay que impedir el endeudamiento porque nos condenan de por vida a pagar sus deudas.
#1 La CAV no tiene problemas con el déficit así que no estará sometida al "control del PP". Aquí el tema es que una autonomía no pueda despendolarse y arrastrar a la ruina a las demás sin que nadie pueda impedirlo. Si un gestor autonómico es incompetente lo pagarán los habitantes de esa autonomía y el gestor tendrá que dar explicaciones ante sus ciudadanos.