La Administración se quedaría con la vivienda en caso de impago y las destinaría a la bolsa de demandantes. Con este propuesta, mantiene, se cumpliría el Pacto Andaluz por la Vivienda y la Administración autonómica se quedaría con la vivienda en caso de impago, de modo que podría destinarla a cubrir la demanda actual de vivienda protegida, cifrada en 80.000 personas en Sevilla.
Comentarios
los contructores sacan su beneficio, la junta asume el riesgo, !anda que la idea es mala!
Y pagamos nosotros.
Para ese viaje no hace falta constructoras. Que sea la Junta la que se dedique a hacer pisos y gestionar todo el proceso.
Pero claro, esto sería comunismo y hemos quedado en que el capitalismo es bueno y el comunismo malo.