La Delegación del Gobierno ha decidido no autorizar la concentración promovida ante su sede para el 9 de mayo por no haber sido informada por sus convocantes con el plazo mínimo legal general de diez días. “En la inmensa mayoría, por no decir en la totalidad, de las ocasiones la Administración es comprensiva y acepta la solicitud atendiendo a un carácter de urgencia, pero ésta vez no ha sido así”, criticó Palomo en declaraciones a este periódico.