Algunas de las medidas incluidas por el Gobierno en la reforma de la Ley Hipotecaria para abaratar los contratos y favorecer así el acceso a una vivienda, han encontrado el rechazo frontal de las comunidades autónomas. En el paso del anteproyecto al proyecto de ley, las autonomías han presionado hasta eliminar varias ventajas fiscales que, de recuperarse, generarían ahorros cercanos a los 1.100 euros en un contrato tipo.