A medida que los casos de corrupción protagonizados por políticos han ido creciendo en los últimos años en España, se ha generado una importante polémica sobre la “presunción de inocencia”, un concepto tan manoseado como devaluado por implicados en estos procesos judiciales y por sus partidos políticos. Hasta tal punto que en este país, nos hemos acostumbrado a que ningún político imputado o procesado dimita, por graves que sean las acusaciones y contundentes sean las pruebas de cargo existentes, algo diferente a lo que sucede en otros países.
Comentarios
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Con los políticos, yo prefiero aplicar la "presunción de culpabilidad"... nadie como un político para hacer bueno el dicho "piensa mal y acertarás".
Totalmente de acuerdo con #1, cada vez que se oye algo de un político ya han pasado muchos años de desfalcos y derroches de dinero público.
Aún más: cuando hay pruebas reales que prueban de forma segura la culpabilidad, los políticos se las buscan para anular las pruebas, basandose en irregularidades o en prescripciones. A mi entender el que una prueba se obtenga irregularmente no debe implicar que se rechace, debe tenerse en cuenta, y paralelamente se debe iniciar un proceso administrativo independiente para sancionar la obtención ilegal de la prueba.