El Estado tiene 53.662 inmuebles, de los que unos 35.000 son fincas rústicas que suman más de 5,5 millones de metros cuadrados. Además, la administración central alquila cada año 1.380 edificios más para su uso (se ve que no tiene suficiente con los casi 54.000 y tiene que arrendar casi 1.400 más), en los que se gasta 217 millones de euros al año en concepto de renta, unos 157.000 euros por inmueble.