La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas ha sido ratificada por España en 2009 y exige como obligación elemental que los Estados incorporen dicha definición a su legislación nacional. La reforma del Código Penal que se está actualmente debatiendo en el Senado, es la oportunidad para que España honre su compromiso de proteger a las personas de la desaparición forzada y de combatir su impunidad.