Que un nuevo secretario de Estado, nombrado en enero de 2011, defienda abiertamente unos postulados neoliberales y de defensa de las grandes empresas no extraña a casi nadie. Lo que sí lo ha hecho ha sido su condición de perito en el pleito planteado ante la Audiencia Nacional por Nuclenor contra el Ministerio de Industria. Hernández fue el encargado del informe que justifica que la central debe seguir funcionando hasta 2029 y por ello el Estado deberá compensar con 951,4 millones a la propietaria.