La comarca del Bajo Aragón pagó desde 2007 y hasta 2010 los cerca de 45.000 euros anuales que supone el mantenimiento y encendido del sistema antigranizo en su territorio. Ante la falta de presupuesto, en 2011 decidió que los quemadores de yoduro de plata no formaban parte de sus competencias y anunció que dejaría de financiarlos. Entonces, los municipios se enzarzaron en una lucha a favor y en contra de este sistema que concluyó con que la mayor parte se negó a pagar por mantenerlo.