Las instituciones públicas y privadas implicadas en el fondo social de vivienda (FSV), creado para que determinados colectivos afectados por un desahucio accedan a un alquiler social, firmarán el próximo jueves el convenio que regula sus características y funcionamiento. La operativa diseñada, cuyas líneas básicas se pactaron en diciembre pasado, exige la colaboración entre las entidades financieras, el Gobierno, los servicios sociales municipales o provinciales y las ONG.