Se suele decir que hecha la ley, hecha la trampa. Y eso es precisamente lo que sucede todavía hoy con algunas de las empresas que prestan servicios de multipropiedad o aprovechamiento por turnos. A pesar que desde 1998 existe una ley en España que regula la actividad de estas empresas, siguen existiendo prácticas abusivas, basadas en técnicas de marketing muy agresivas, que impiden al consumidor acceder a los servicios contratados, previo pago de unos 12.000 euros de media.