La Fundació Catalunya i Territori, núcleo central de la investigación de la Fiscalía de Barcelona por un caso de presuntos pagos irregulares de gastos de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), actuó, de hecho, como una inmobiliaria para el partido: le alquiló durante varios años ocho locales en seis ciudades distintas, sin que consten por ello ingresos en la fundación desde el 2005