La nueva ley ampliará derechos que hasta ahora no estaban reconocidos para los inmigrantes, como el de asociación, huelga o manifestación, y adaptará de esa forma esos derechos a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a las directivas de la Unión Europea. España cuenta oficialmente con unos cinco millones de residentes extranjeros registrados en los ayuntamientos, entre ellos más de 700.000 rumanos, casi 650.000 marroquíes y más de 400.000 ecuatorianos.