Tras la decisión de los tribunales de ilegalizar ANV, algunos de los municipios gobernados por esta formación, unos cuarenta, adoptaron diversos acuerdos con el fin de evitar las repercusiones que suponía la ilegalización, en su mayoría económicas. Así, en algunos casos se subieron las retribuciones, aumentando las dietas o remunerando de forma individual por conceptos como ser presidente de comisión. De esta forma lograban compensar las cantidades que perdieron al haber sido disueltos como grupo.