La reforma del FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) supondrá más deuda externa y consolidará la falta de control sobre fondos públicos de cooperación y de apoyo a la internacionalización de la empresa española, dejando la puerta abierta a la violación de derechos humanos y a la generación de deudas ilegítimas. De este modo el gobierno pretende cumplir con su compromiso político de llegar al 0,7% del PIB para ayuda al desarrollo sin la oposición de los técnicos de Hacienda.