El Congreso convalidó ayer con los votos del PP, UPyD y UPN el decreto que permite la suspensión de desahucios durante dos años, una norma a la que podrá acogerse un máximo de 120.000 familias y que ha sido criticada por toda la oposición por fijar unos criterios muy restrictivos para acceder a la moratoria. El ministro Luis de Guindos había cifrado nueve días antes en 600.000 los posibles beneficiarios.
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Son dos años en los que los intereses de demora acumulados les volverán a poner en la picota, así que no es ninguna solución sino alargar el problema.