El Gobierno ha trasladado a la práctica la decisión del Tribunal Constitucional y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del pasado mes de enero por la que se dejó de pagar desde la Administración por el proyecto Castor. Lo ha hecho, en su orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019, donde no se incluyen los costes de unos 80 millones de euros anuales para hacer frente esta deuda.