El departamento que dirige el valenciano Jordi Sevilla considera que la ley de Régimen Económico Matrimonial, la primera norma de recuperación del Derecho Foral valenciano emanada del nuevo Estatuto de Autonomía, es inconstitucional. Si Gobierno central y Generalitat no resuelven sus discrepancias jurídicas en torno a la citada ley, la norma acabará en el Tribunal Constitucional, como, a instancias del Consell, han acabado los estatutos de Aragón, Cataluña y Andalucía.