Así, la administración autonómica, endeudada tras años de derroche, se ha propuesto recaudar más a través del impuesto de Actos Jurídicos Documentados que supone el 0,5% del capital del préstamo –más intereses- que se tendrá que pagar hasta en los primeros cinco años. Es decir, lo que una familia se ahorra con la rebaja de la letra lo tendría que pagar en impuestos.