La Corte Constitucional de Colombia ordenó que el Ministerio de Defensa y el Ejército diseñen una política especial para incorporar a los aborígenes en las filas de las fuerzas armadas. La orden se produjo tras fallar favorablemente un recurso de amparo que interpuso la mamá de un indígena que fue reclutado a la fuerza por el Ejército.