Un escándalo recurrente en las democracias occidentales, tanto en España como en otros países, es la carrera profesional de los expolíticos. Un ministro, director general, gerente, asesor o legislador más o menos relevante abandona el cargo, tras largos años de servicio público, y acaba por ser contratado por una empresa sospechosamente cercana a sus responsabilidades anteriores. Sobre el papel, no hay nada ilegal; una vez un ciudadano está en el sector privado, puede hacer lo que le apetece. A la práctica es un problema un poco más complicado.