Un juez de Sevilla ha decidido incoar diligencias previas tras recibir la denuncia de Manos Limpias -que ha sido posteriormente ampliada hasta en cinco ocasiones- contra el sindicato UGT-A por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida ante el uso "indebido" de fondos de formación para desempleados, así como por presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública.
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Mientras tanto los fiscales anticorrupción bostezan.