El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha imputado un delito contra la Hacienda pública a un empresario y a varias personas más por supuestamente haber desviado fondos de la Reserva Canaria de Inversiones (RIC) a fines distintos a los establecidos por la ley. Aparece también imputada una letrada de la Cámara de Comercio, Laura Ramírez Barbosa.