El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) da a los procesados un plazo de 10 días para hacer frente a esta fianza y ordena el embargo de propiedades si no pudieran responder. Además, en caso de declararse alguno insolvente, ordena a la Policía Judicial y a la Agencia Tributaria que investigue si ha podido haber operaciones de los acusados para ocultar su patrimonio desde abril del pasado año.