El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha explicado que el Ministerio de Justicia está examinando la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el control de legalidad de los notarios para "determinar cuál es la forma más correcta de otorgar rango legal a las previsiones que contenía el Reglamento del Notariado". El Estado "no puede dejar de exigir al notario el control de legalidad de lo que se hace en su presencia ni permitirle que se desentienda de ello mientras los ciudadanos le suponen un garante de la ley".