La sentencia anula el decreto del consistorio gerundense, ve "intenciones políticas en el recurso del Estado" y condena ambas partes a pagar los costes del proceso judicial. La demanda del Estado tenía como objetivo que se anulara el decreto de alcaldía del Ayuntamiento de Girona del 7 de septiembre, a través del cual se formalizaba la contratación de los dos convoyes. Unos trenes que se pagaron con el dinero de los billetes y que, además, generaron un superávit de 2.500 euros que se destinó el Banco de los Alimentos.
Comentarios
... a ver, se pagaron los gastos +2500 euros al banco de alimentos con los BILLETES DE LA GENTE QUE USÓ LOS TRENES?... pues que coño de problema hay?! Se encargó un servicio público para el público, de manera eficiente, a cero costo para el erario público y encima pedido por los propios usuarios... este juez está loco.