Es evidente que la reforma de las pensiones, tal como se presenta desde 1994 por el Banco Mundial y se refuerza e intensifica ahora por las instituciones internacionales, la Unión Europea y los gobiernos respectivos, no tiene sus raíces en los problemas económicos de las pensiones públicas futuras, sino en el gran interés de las instituciones financieras en absorber todavía más un suculento negocio