No es algo nuevo que el Gobierno español anteponga la persecución a las mafias a la protección incondicional que merecen las víctimas. Ya denunciamos en su día que incluso el Plan Integral contra la Trata, que supone un importante avance para combatir esta forma de explotación, establece que sólo se protegerá a las mujeres que decidan (durante un exiguo periodo de reflexión) cooperar con las autoridades (o sea, denunciar a los proxenetas). Esto se ha incluido también en la nueva reforma de la Ley de Extranjería.