La Justicia investiga por qué la funeraria pública privatizada cobra a los ciudadanos el doble que a las aseguradoras. Una firma de capital riesgo se quedó con la gestión de los servicios funerarios públicos de León, y los políticos supervisan complacientes sus altísimos precios, mientras un ágil comisionista cobra abultadas facturas por etéreos servicios y un enterrador que se ha negado a practicar abusos ha sido castigado. Un concejal díscolo ha decidido denunciar esta situación.
Comentarios
Ni a los muertos respetan los corruptos.
Alguien va a tener que pagar por lo que están haciendo con España y con los españoles.
#1 Sinvergüenzas sin escrúpulos