El Gobierno tiene paralizados cerca de 600 expedientes administrativos medioambientales, casi todos referidos al nuevo permiso ambiental exigido por la Unión Europea a las empresas y a los certificados de calidad del suelo. La falta de funcionarios que examinen y tramiten estos asuntos ha causado un "cuello de botella", que se ha convertido en una de las principales preocupaciones del nuevo equipo que está al frente del Departamento de Medio Ambiente.