“El urbanismo de la ciudad está vinculado a satisfacción del amigo personal de la alcaldesa Sonia Castedo: Enrique Ortiz”. “Los intereses económicos de Enrique Ortiz determinaron las decisiones políticas y urbanísticas en Alicante”, según concluyó el abogado de Esquerra Unida (EU), José Luis Romero, personado en el caso Brugal, y que aportó 13 nuevos documentos al juez que avalarían la tesis de la policía, y demostrarían “el pelotazo urbanístico” del Plan Rabassa, según dijo el concejal de Esquerra Unida en Alicante, Miguel Ángel Pavón.