El organismo regulador europeo de comunicaciones electrónicas (ORECE) ha manifestado su inquietud por las reformas institucionales que se están llevando a cabo en diversos Estados miembros (entre ellos, España) por ser contrarias a la normativa comunitaria y por limitar los poderes de regulación de la competencia en las telecomunicaciones. El ORECE considera que estas reformas obstaculizan la inversión en el sector, la protección al consumidor y la recuperación económica.