Dado los términos en que se plantea esta convocatoria de huelga puede calificarse la misma como una huelga de carácter política, dado que las reivindicaciones expresadas se dirigen contra la acción política del Gobierno y más aún, contra las decisiones que legitima y democráticamente ha adoptado el Congreso de los Diputados con la aprobación del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, y posteriormente con la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.