Más de 40 familias se suman a la querella que la plataforma antidesahucios interpuso en 2013 contra la financiera UCI, participada por estas dos entidades. Acusan a Emilio y Ana Patricia Botín de conceder préstamos a personas poco solventes sin advertir de los riegos. La PAH acusa a estas entidades y a sus máximos responsables -entre ellos Emilio Botín, Ana Patricia Botín y Alfredo Sáenz- de presuntos delitos de estafa continuada a través de la comercialización sistemática de productos financieros tóxicos: las hipotecas basura o subprime.
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Es mas que probable que el grupo Santander y BNP Paribás concedieran créditos para vivienda con condiciones que "hacían previsible el impago de un elevado número" de préstamos sin advertir del riesgo que corrían los firmantes. El objetivo de esta comercialización con gestión temeraria del riesgo es el ánimo de lucro y la posterior venta de los préstamos a inversores internacionales", lo que se conoce como titulización.