Fuentes conocedoras del proceso explican que Pemex está obligada a cumplir la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que le obliga a realizar un concurso abierto y libre. Además, al tratarse de un contrato que sobrepasa los 200 millones de dólares, tiene que contar, inexcusablemente, con la aprobación de su consejo de administración, ahora en proceso de renovación.
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