Las conclusiones del documento supondrán un nuevo varapalo judicial para los intereses del Estado tras la imputación del ex director general de la Marina Mercante, pues los peritos consideran que la Administración no ha acreditado suficientemente buena parte de los gastos o ha incluido en su reclamación de daños algunos que no son aceptables. Según ha podido saber La Voz, esta falta de fundamentación documental y técnica afecta también a muchos particulares personados en la causa, que ven rebajadas sensiblemente sus peticiones de compensaciones
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Fuentes relacionadas con el caso matizan que el hecho de que los daños se valoren a la baja no quiere decir que la Administración haya inflado los gastos. Estos desembolsos se habrían producido con total seguridad, pero la forma de justificarlos o el criterio contable para analizarlos no coincide con el que empleó el equipo que peritó el impacto económico del accidente, sin duda mucho más exigente. El hecho de que buena parte de estos gastos se produjeran en una situación de emergencia también podría explicar la deficiente acreditación que, según ha podido saber La Voz, se refleja en los más de dos mil folios de la prueba pericial económica que la jueza remitió ayer a las partes.
Son solo unos hilillos...