Asegura que existen personas del entorno de la administración de las comunidades autónomas que "están pagando el billete y proporcionando dinero a menores inmigrantes no acompañados" para que se desplacen a otras autonomías. Estos hechos podrían constituir "un delito de tráfico ilegal de niños", al tiempo que pidió a la Fiscalía General del Estado que investigue estos casos.