Editorial de "El País". "La incompatibilidad de esa anómala situación procesal con sus funciones de portavoz del Gobierno no se debe a razones jurídicas; son razones políticas, éticas y de imagen del propio Gobierno como tal las que aconsejan que alguien sobre el que planea una acusación que afecta al ejercicio de sus funciones ministeriales deje de actuar como portavoz del Ejecutivo".