Los convenios urbanísticos en los últimos años han servido para proporcionar seguridad a operadores privados malvendiéndoles las plusvalías públicas que debieran derivar de la potestad de planeamiento. También en eso la nueva Ley de Suelo sale al paso de la práctica urbanística... pero han de aplicarla, y creérsela, comunidades autónomas y ayuntamientos.