Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, ex dirigentes de la Generalitat de Jordi Pujol, presionaron a los consejeros Antoni Castells y Joaquim Nadal y a varios secretarios de la Generalitat durante más de un año y medio para que les comprara un edificio en Diagonal Mar por 89 millones de euros. El inmueble, propiedad de la inmobiliaria Espais, debía albergar la sede de la consejería de Acción Social y Ciudadanía primero y la de la empresa pública de vivienda Adigsa después. Ambas operaciones se frustraron.