UGT y CCOO fueron los primeros promotores en recuperar esa prohibición a las ETTs, pues consideraban "muy peligroso" para la estabilidad del mercado laboral que éstas pudieran moverse sin condiciones en el ámbito público, hasta el punto de augurar que con su llegada la precariedad en los puestos de trabajo contratados por los ayuntamientos se dispararía un 40%.