El magistrado estimó que estas demandas no tenían lugar al apoyarse en una ley adoptada en 2008 por el Congreso, a petición de la administración Bush, y que garantizaba inmunidad a estas empresas que constribuyeron con las escuchas bajo las instrucciones del Gobierno. Declarándose "profundamente decepcionados", la asociación Electronic Frontier Foundation (Fundación de Fronteras Electrónicas, EFF), que milita por la defensa de los derechos cívicos en internet, y la influyente asociación de defensa de derechos civiles ACLU, prometieron apelar.