Tiene sobre sus espaldas una orden de busca y captura internacional por crímenes contra la humanidad y de guerra, así como por genocidio por participar en varias matanzas de refugiados hutus tras la toma del poder por los tutsis en Ruanda. Además, está acusado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de ordenar y supervisar la muerte del misionero catalán Joaquim Vallmajó en 1994.