La investigación se refiere a 142 contratos presuntamente adjudicados a dedo y sin cumplir con los requisitos legales. Estas contrataciones, que oscilan entre los 1.000 y los 500.000 euros, y que corresponden a estudios técnicos y obras urbanísticas, fueron tramitadas en su mayoría cuando el actual ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, era alcalde de esta ciudad, hoy gobernada por la también socialista Núria Marín.