Esta condena se produce tras la denuncia de CGT en los medios de comunicación, ante la Dirección General de Trabajo y finalmente en los tribunales respecto a la discriminación que estaba sufriendo su afiliación al ser enviada a los expedientes de regulación de empleo (ERE) que se aplicaron durante los años 2008 a 2010 en una proporción que llegó a superar el doble que la del resto de trabajadores y durante un mayor número de días.