La sentencia da la razón a dos padres que, asesorados por Escola Valenciana, recurrieron la negativa de implantar una línea en valenciano en el centro en el año 2009. Y eso que 24 de los 26 alumnos de la clase solicitaban la PEV y a los otros dos les era indiferente. El tribunal da un mes de plazo a la Generalitat para que apruebe un Pla d'Ensenyament en Valencià (PEV) en el centro Sant Cristòfor Màrtir, propiedad del Arzobispado de Valencia, y le recrimina que haya estado vetando esta posibilidad de manera ilegal.